Ciudad de México, 28 de junio de 2024

En Salinas Victoria, Nuevo León, el presidente municipal y sus subordinados siguen utilizando la normativa en beneficio de sus bolsillos, acusa el diputado de Morena

El diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) pidió a las entidades federativas no utilizar la regulación impuesta desde la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial “como un mecanismo para abusar de los transportistas”.

Dicha normativa se aprobó para articular los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, a fin de obligar a las autoridades a coordinarse, respetar el ámbito de sus atribuciones y evitar una sobrerregulación, explicó en conferencia de prensa acompañado de integrantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

El diputado habló sobre el caso de Nuevo León que cuenta con un instituto de movilidad, pero no apoya al sector transporte. Tal es el caso del municipio de Salinas Victoria, donde el presidente municipal y sus subordinados siguen utilizando la Ley en beneficio de sus bolsillos.

“Fuimos claros al aprobar esta ley presentada por el partido MC, sobre los problemas en la movilidad que podría causar, ya que se darían casos como el que hoy sucede en varios municipios. Sin embargo, faltó cerrar filas con esta iniciativa, y ahí están los resultados, hay quejas del sector transporte que es objeto de abusos”, aseveró.

El también secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes explicó que los transportistas tienen que pagar altas sumas de dinero a los municipios para realizar sus actividades, de acuerdo con el criterio que cada uno aplica.

Reiteró que, desde la citada instancia legislativa, así como de la Comisión Permanente, se exhortó a las entidades para que dejen de usar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para abusar de los transportistas.

En su oportunidad, Diego Javier Bolio Corona, delegado de la Conatram, expuso que los transportistas son objeto de abuso por parte de algunas autoridades, y ahora específicamente en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

Detalló el caso: “a una unidad le solicitaron una cantidad de 15 mil pesos por, supuestamente, ir circulando por una zona prohibida. Al no aceptar, se detuvo la unidad. Luego, cuando se presentó el representante legal a liberarla, el personal exigió 10 mil pesos, más un cobro excesivo por la grúa de 13 mil 500”.

Por lo antes expuesto, dijo, se pidió apoyo al secretario de Seguridad y Vialidad del municipio de Salinas Victoria, Arturo Garza Murua, para que las unidades pudieran llegar a la localidad, ya que muchos transportistas no quieren ir.

“Por eso tuve la comunicación con él, así como exponerle la queja de corrupción, de la cual fuimos objeto por parte de elementos de la secretaría que él dirige. Sobre todo, en la zona conurbada de Monterrey, donde tenemos quejas muy fuertes en contra del municipio dirigido por Movimiento Ciudadano, y de igual manera Salinas, que también dirige el mismo partido”, subrayó.

Solicitó al gobernador del estado, Samuel García, que reciba una comitiva con el propósito de entablar un diálogo y evitar que se sigan dando estas situaciones, “porque ya no podemos seguir soportándolo”.

Texto, Foto y Video: Cámara de Diputados